FM Bolivia

    La Paz - Bolivia.-  El informe 2.009 de la Fundación TIERRA denominado "Configurando territorios", señala que en los últimos cuatro años el Gobierno del presidente Evo Morales saneó 20 millones de hectáreas, que sumados a los 20 millones de gestiones pasadas, no superan el 35% del total de tierras en Bolivia.

    "En un poco más de 13 años de vigencia de la Ley INRA, ésta permitió que de cada 100 hectáreas de tierra, 22 hayan sido saneadas o tituladas, 9 hectáreas han sido identificadas como tierras fiscales no disponibles, 3 están disponibles para su distribución. De las 22 hectáreas tituladas a favor del sector rural, agropecuario e indígena, 65% son Tierras Comunitarias de Origen, es decir 14 de las 22 hectáreas", señala un informe de la fundación.

    El informe reflexiona que, si bien los resultados hasta ahora obtenidos son relevantes, aún queda mucho por hacer.

    Dice que el saneamiento requerirá de mayores recursos y esfuerzos "considerando que lo que resta en el saneamiento, ese 52,1% de la superficie nacional sin sanear aún, se encuentra en áreas caracterizadas por relaciones latifundiarias, en el caso del Beni y Santa Cruz, y zonas de un minifundio excesivo y con mucha población en el caso de los valles y altiplano de los departamentos de Oruro, La Paz, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca", agrega el informe.

    "Para esto será necesario plantear otra estrategia estatal de intervención en el tema tierras, mediante una articulación directa entre organizaciones comunales y los INRA Departamentales, los cuales deben estar bien financiados y fortalecidos con equipos humanos y técnicos suficientes", concluye la Fundación TIERRA.

    La Fundación TIERRA es una institución dedicada a la búsqueda de ideas y propuestas para el desarrollo rural sostenible de base indígena originaria campesina.

    Focaliza su atención en la generación de las condiciones previas para el desarrollo impulsando el acceso equitativo a los recursos naturales (tierra-territorio), la formación de territorios indígenas como espacios de ejercicio pleno de derechos y el fortalecimiento de capacidades de gestión, negociación y participación de las organizaciones indígena originaria campesinas.
ABI